El gobierno de Bolivia planea despenalizar el aborto

Si el texto es aprobado por los miembros del parlamento, autorizaría el aborto electivo durante las ocho primeras semanas de gestación a las mujeres que viven en situación de calle o “en extrema pobreza”, así como a las madres de “tres o más niños que no cuenten con los recursos para mantener a su descendencia” y a las estudiantes. Además, el “derecho al aborto” se extendería a cualquier etapa del embarazo en caso de haber malformaciones en el feto, y estaría completamente libre de restricciones si la persona embarazada fuera una niña o adolescente, o si el embarazo fuera el resultado de una violación o incesto.

Según un artículo publicado en cath.ch, el 15 de marzo del 2017, la Conferencia Episcopal Boliviana respondió en su sitio web denunciando el hecho de que “esta propuesta de ley introduce una colonización ideológica extranjera que rechaza a los niños no nacidos vulnerables y acepta la triste violencia del aborto como un medio supuestamente destinado a solucionar los problemas sociales y económicos.”

En su homilía del domingo 12 de marzo, el arzobispo Sergio Gualberti, obispo de Santa Cruz de la Sierra, calificó esta iniciativa del gobierno como "perjudicial", pues considera que se opone al “derecho a la vida”, que, sin embargo, “está garantizado en la Constitución.” Por lo tanto, solicitó oficialmente a los parlamentarios bolivianos que rechazaran esta ley.

El Colegio Médico de Bolivia también se ha pronunciado en contra de la modificación al artículo 157 del Código Penal. Según Radio France Internationale (RFI), el 22 de marzo del 2017, Aníbal Cruz, presidente del Colegio, declaró que si esta ley era aprobada, la organización aplicaría “la objeción de conciencia para no tener que practicar abortos.”

Paradójicamente, los grupos pro-aborto tampoco se encuentran satisfechos. Según RFI, lo que estos exigen es la “despenalización del aborto simple y llana” y sin restricciones, alegando que “cada año más de 67,000 mujeres terminan en el hospital a causa de los abortos mal practicados, y por lo menos 500 de ellas mueren.”

La “National Family Pastoral Care”, una organización pro-familia, citada por cath.ch el 15 de marzo del 2017, señala también las inconsistencias de la propuesta de ley, haciendo hincapié en el hecho de que “falsifica el sistema de justicia criminal al presentar la pobreza como una razón para la impunidad de crímenes como el infanticidio y la eutanasia, como si ser pobre fuera una justificación suficiente para violar las leyes.” Actualmente, el Código Penal boliviano prevé una sanción de dos a seis años de prisión para cualquier médico o persona que realice un aborto.

Por el momento, la ley está siendo examinada por la asamblea legislativa del Comité de Justicia, y todavía no se ha fijado una fecha para la votación. En febrero del 2014, la Corte Constitucional de Bolivia rechazó la despenalización del aborto y reconoció el “derecho a la vida desde la concepción”, como respuesta a un proyecto de ley similar presentado en junio del 2013 por los diputados socialistas.

Fuentes: cath.ch/ rfi / radio vatican – DICI no. 352 – marzo, 31, 2017